María Cordero Jon Tay: Comisión Permanente suspensión e inhabilitación de 10 años contra ‘mochasueldo’

En el marco del presunto delito de concusión.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final emitido contra la parlamentaria María Cordero Jon Tay que recomienda inhabilitarla por 10 años.

Petición se dio a consecuencia de que presumiblemente la funcionaria habría incurrido en el delito de concusión, al solicitar dinero a algunos de sus colaboradores para gastos personales.

Pese a que Cordero solicitó al grupo de trabajo, liderado por el presidente del Legislativo, Alejandro Soto (APP), la reprogramación de la sesión, de igual forma se desarrolló el debate con el que finalmente se dio por admitido el recurso con 17 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.

La razón aducida por Jon Tay para solicitar la cancelación de la reunión fue la ausencia de su abogado, José Palomino Manchego, quien se encontraba en México por motivos académicos desde el 10 hasta el 20 de febrero.

“Al respecto, cabe precisar que con el Dr. Palomino Manchego he realizado las coordinaciones para que ejerza mi defensa ante esta instancia parlamentaria en el trámite de la denuncia constitucional nro. 359, dada su reconocida experiencia en Derecho Constitucional, por lo que me resulta inviable cambiar de abogado a estas alturas, cuando ya he realizado las coordinaciones respectivas con él”, se leyó en el oficio.

No obstante, a través del oficio 1155-2023-2024-ADP-D/CR con fecha del 9 de febrero, la comisión comunicó la denegación de la solicitud. Ante esta respuesta, la funcionaria presentó una nueva petición, justificando esta vez con razones de salud.

María Cordero explicó que se encuentra hospitalizada en la sección de Emergencias de la Clínica Jesús del Norte debido a una contusión en la región lumbosacra y pelvis, además de experimentar náuseas y vómitos.

En virtud de esta situación, solicitó una licencia médica y la reprogramación de la sesión, argumentando que esto se realiza “en salvaguarda de mi derecho de defensa y el respeto estricto al debido procedimiento en sede parlamentaria”.

Con esta aprobación, se deberá derivar al Pleno del Congreso para que se tome una decisión final, que lleve a finalizar el caso de la congresista no agrupada.

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