Gobierno aprueba demanda competencial contra la Fiscalía y PJ por “menoscabo en el ejercicio de las funciones” de Dina Boluarte

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles iniciar un proceso ante el Tribunal Constitucional (TC) con una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La razón de ello es por un supuesto “menoscabo en sentido estricto” de las funciones de la presidenta de la República.

La medida se dio a través de la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El procurador público especializado en materia constitucional ejercerá la representación procesal del Poder Ejecutivo ante esta demanda.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, manifestó en conferencia de prensa que el Nuevo Código Procesal Constitucional califica como conflictos competenciales cuando un poder o entidad del Estado adopta decisiones que afectan las competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes otorgan a otro.

Arana explicó también que con la demanda competencial se busca delimitar la aplicación del artículo 117 para que se pueda establecer las facultades que tiene la Fiscalía de la Nación pues señalan que se ha excedido en sus funciones.

«Lo que ha pasado ahora es que la Fiscalía abrió investigación contra la institución presidencial. ¿Cuál es el fundamento? no hay fundamento alguno. Se les ha expresado que esto no les corresponde porque no solo históricamente sino además el comportamiento del Fiscal de la Nación en todo momento ha sido una interpretación histórica y coherente por parte del Ministerio Público. Por lo cual consideramos que no ha habido un accionar conforme a sus antecedentes y que el fiscal de la Nación ha traspasado esos límites a su propia función», manifestó.

Presidenta investigada

Dina Boluarte actualmente está siendo investigada en el Ministerio Público por el denominado caso Rolex, donde se están haciendo indagaciones por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y otros. También tiene una carpeta fiscal por las muertes ocurridas durante las protestas que se dieron en diciembre del 2022 y enero del 2023.