El presidente del JNE niega nuevas acusaciones de fraude vertidas por Salatiel Marrufo y alega que es un intento para destituirlo
Jorge Luis Salas Arenas fue elegido titular del JNE en noviembre de 2020. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Jorge Luis Salas Arenas señaló que detrás de este tipo de acusaciones están aquellos que promovieron la narrativa del fraude electoral, tras el resultado de las elecciones en las que Pedro Castillo se proclamó como ganador.
Lima
El presidente del JNE niega nuevas acusaciones de fraude vertidas por Salatiel Marrufo y alega que es un intento para destituirlo
“Esta es una nueva versión del fraude”. Así se ha pronunciado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, después de que el colaborador eficaz Salatiel Marrufo dijera a la Fiscalía que la entonces candidata a vicepresidenta, Dina Boluarte, ordenó que se influya irregularmente en dos magistrados del organismo electoral para favorecer al Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021.
Salas Arenas negó acercamiento con Boluarte Zegarra, Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial durante la gestión de Pedro Castillo, y otros allegados al partido Perú Libre; agrupación con la que el profesor chotano se impuso sobre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en los últimos comicios.
“No conozco; o sea, fantasías de las que dicen tener pruebas y que la fiscalía tiene pruebas. Lo propio con Marrufo, dicen que dice, dice fulano que ya se ha contactado con el presidente del JNE. Esas fantasías carecen de fundamentos”, declaró en el programa La Rotativa del Aire.
El magistrado alegó que detrás de estas imputaciones están aquellos que promovieron la narrativa del fraude en las elecciones, de las falsificaciones de firmas y de la suplantación de miembros de mesa.
Durante la entrevista, el periodista de RPP Carlos Villareal le consultó al titular del JNE si se refería específicamente al partido fujimorista y a su lideresa; a lo que este le respondió: “Tú lo has dicho. Has concluido acertadamente. Está deduciendo bien”.
El presidente del organismo electoral también señaló que esto es una “maniobra” para que desde un sector del Congreso se promueva su destitución del cargo.
“Esa es una aspiración añeja que tienen varios miembros del Parlamento”, alegó.
Salatiel Marrufo fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la gestión de Pedro Castillo.Fuente: Andina
Salas Arenas tampoco descartó denunciar al Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Viviendas en el gobierno de Pedro Castillo.
“En su momento lo haré porque sus afirmaciones son tendencias y dejan espacios en los que se pueden interpretar cosas, como también lo ha hecho el señor [Zamir] Villaverde”, finiquitó.
Las declaraciones de Salatiel Marrufo
Según el dominical Punto Final, Marrufo aseguró, en una declaración de 2023 y que luego ratificó en abril de este año, que Boluarte Zegarra realizaba las coordinaciones con José Nenil Medina, el ahora encarcelado exalcalde de Anguía (Cajamarca); y Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea (Breña) y recién deportado de Estados Unidos, para asegurar que los magistrados del JNE Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar voten en contra de que se amplíe el plazo para admitir las impugnaciones de Fuerza Popular.
De acuerdo con Marrufo, estas coordinaciones se realizaron en varias reuniones en viviendas de Breña, y en algunas de ellas estuvo presente Pedro Castillo.
En estos encuentros, iniciados el 7 de junio de 2021, un día después de la segunda vuelta electoral, según Marrufo, Sánchez Sánchez dijo conocer a Richard Acuña, hijo del fundador y presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña, y que este tenía un contacto en el JNE.
De izquierda a derecha. Alejandro Sánchez y Nenil Medina.Fuente: Fiscalía y Municipalidad de Anguía
Por su parte, Medina aseguró que contaba con el voto del magistrado Sanjinez Salazar, y que había llegado a él a través del presidente del Partido Democracia Directa, Andrés Alcántara Paredes.
Estas coordinaciones se habrían realizado debido al estrecho margen de la proyección de votos entre Pedro Castillo (50.2 %) y Keiko Fujimori (49.8 %), resultados que podrían haberse revertido impugnando mesas de votación.
De acuerdo con la ley electoral, las impugnaciones se pueden realizar hasta tres días después del día de las elecciones, y Fuerza Popular esperaba que se amplíe el plazo. Marrufo declaró a la Fiscalía que, según estimaciones que realizó con un «estadístico», si se ampliaba el plazo y el JNE favorecía las impugnaciones de Fuerza Popular, Keiko Fujimori podría ganar las elecciones con una diferencia aproximada de 50 000 votos.
«La orden de Dina Boluarte fue primero que debían de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio de 2021 y segundo que declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Keiko Fujimori, o sea dos órdenes claras, expresas», dijo Marrufo a la Fiscalía.
Marrufo relató que el miércoles 9 de junio de 2021, fecha límite para recibir impugnaciones, en una reunión en la casa de Sarratea en Breña, Nenil Medina Guerrero y Alejandro Sánchez Sánchez «confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Sánchez Salazar Jovián y de Jorge Rodríguez Vélez”.
Asimismo, comentó Alejandro Sánchez que el ‘1’, haciendo referencia a Pedro Castillo, ya aseguró el voto del ‘1’ del JNE, en referencia a Jorge Salas Arenas (presidente de ese organismo electoral).
Aunque el plazo de impugnaciones había vencido el 9 de junio de 2021, tres días después, el JNE anunció que había aprobado por unanimidad extender de manera excepcional el ingreso de solicitudes de nulidad de actas electorales hasta las 8:00 p.m. de ese 11 de junio. No obstante, ese mismo día, más tarde, el JNE se desdijo en un pronunciamiento y ratificó el 9 de junio como la fecha límite para las impugnaciones.
Al respecto, Jorge Luis Salas Arenas dijo que, por unanimidad, se había establecido el 11 de junio como fecha límite. No obstante, dijo que ese acuerdo no se llegó a concretar en una resolución, por lo que se acordó dejarlo sin efecto y dejar el 9 como fecha límite.