Embajadora de los Estados Unidos se entromete en asuntos internos del Perú

Embajadora de los Estados Unidos se entromete en asuntos internos del Perú.

En el Derecho Internacional el principio de no intervención pasó a constituirse en una de las reglas básicas.

“Me reuní con líderes de la @ONPE_oficial y conocí el trabajo que están haciendo para apoyar procesos electorales libres, transparentes y abiertos en el Perú. Es importante para mi aprender sobre como la ONPE, JNJ y JNE están trabajando para salvaguardar la democracia y darle voz a todos los peruanos”, publicó el 26 de julio último en su cuenta X (antes Twitter) Stephanie Syptak-Ramnath, embajadora de los Estados Unidos de América acreditada en nuestro país, habiendo presentado sus cartas credenciales el 20 de junio último.

Hay que hacerle recordar a esta dama que ningún embajador en ninguna parte del mundo puede intervenir en asuntos internos y es una pena que la Oficina de Prensa de la embajada norteamericana, no le haya informado toda la maraña de irregularidades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sobre todo la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En el Derecho Internacional el principio de no intervención pasó a constituirse en una de las reglas básicas de las relaciones internacionales; así lo reconocen la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los instrumentos constitutivos de otras organizaciones internacionales y dicho principio quedó consagrado en importantes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

También la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de la comunidad internacional, ha avalado la no intervención como una norma fundamental del derecho internacional en vigor. El principio de No Intervención implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin ninguna injerencia extranjera.

El artículo 43 de la Constitución Política del Perú es muy claro “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana”. Más aún existe jurisprudencia al respecto en la Resolución 2131 (XX) “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía”, aprobada el 21 de diciembre de 1965. La Resolución 2625 (XXV)

“Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, del 24 de octubre de 1970 y por último, la Declaración 36/103 de 1981 “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

Ya tenemos el antecedente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que expresó su preocupación sobre la situación en el Perú, a través de Ben Cardin, quien tuvo la ligereza, a través de su cuenta X (antes Twitter) de afirmar que el Congreso de la República del Perú “está socavando las instituciones independientes, incluyendo el intento de replicar leyes al estilo ruso y nicaragüense que restringen la sociedad civil”.

Este inusual proceder se dio después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, aprobara un proyecto de ley para las ONG.

Esta bravuconada del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano estuvo en línea con el pronunciamiento que realizaron 16 embajadas y delegaciones internacionales sobre la propuesta legislativa, en donde por medio de un comunicado en conjunto, al que Estados Unidos se adhirió, enfatizaron que las democracias son más inclusivas y estables cuando la sociedad civil está empoderada para proteger los derechos humanos y atender las necesidades de los ciudadanos. El texto también fue firmado por los representantes de las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.

Ante el improperio internacional, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, defendió la independencia de nuestro país y la facultad del gobierno para reglamentar leyes.

La representante estadounidense en su primera entrevista concedida a un medio de comunicación en el Perú, consideró que el papel de las ONG es crucial para tener una “democracia fuerte”, y consideró que estas deben regirse con “políticas que funcionen” para que cumplan su rol con libertad.

“En cualquier democracia, sobre todo en EE.UU., necesitamos una libertad de prensa y también para la sociedad civil, porque el gobierno no puede hacer todo, necesitamos que todo el pueblo nos ayude y la sociedad civil es parte del pueblo, es parte de lo que necesitamos para tener una democracia fuerte, que funciona”, indicó.
Recordemos que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) invierte más de 60 millones de dólares cada año en el Perú para trabajar con las ONG, y que no podrían hacer estas actividades si estas organizaciones no son fuertes.
Finalmente cabe precisar lo afirmado por Javier Gonzáles-Olaechea, ministro de Relaciones Exteriores del Perú “La diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar”.

DIARIO EXPRESO