Gobierno de José Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028: «No se puede negociar con delincuentes»
El presidente fue enfático al señalar que el éxito de esta estrategia no recae exclusivamente en la Policía Nacional o el Ministerio del Interior. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: olea
El mandatario José María Balcázar descartó que la medida tenga un enfoque «autoritario extremo» y anunció la convocatoria de un «plan B» a nivel legislativo para evitar que los criminales sigan evadiendo la justicia.
El Poder Ejecutivo oficializó la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, cuya finalidad es articular la respuesta del Estado frente al avance de la delincuencia en todo el país.
La medida fue promulgada a través del Decreto Supremo N° 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y se enmarca dentro de las directrices del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec).
«No se puede negociar con delincuentes»
Durante la presentación del documento, el mandatario José María Balcázar defendió la naturaleza democrática del plan y aseguró que será una herramienta dinámica capaz de ajustarse a la evolución del crimen.
“Este plan no contiene un plan autoritario extremo que pretenda dañar la figura democrática en la región y en el mundo. Por eso hoy estamos dando un paso fundamental (…) que podrá ser reajustado, desde luego, porque la criminalidad así lo exige”, remarcó el jefe de Estado.
Balcázar cerró su intervención con una advertencia contundente sobre la postura del Estado frente a las bandas criminales: «No se puede negociar de ninguna manera con los delincuentes. Eso sería ceder el sistema democrático que tenemos por ahora como última ratio en el mundo».
El presidente fue enfático al señalar que el éxito de esta estrategia no recae exclusivamente en la Policía Nacional o el Ministerio del Interior. | Fuente: RPP
Estrategia conjunta
El presidente fue enfático al señalar que el éxito de esta estrategia no recae exclusivamente en la Policía Nacional o el Ministerio del Interior.
«Aquí está comprometido el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE«, advirtió.
Asimismo, lanzó una convocatoria directa a la academia para reforzar el marco legal contra la criminalidad.
«Vamos a convocar a todas las facultades de Derecho del país, porque debemos tener un plan B legislativo para que no se sigan escurriendo los delincuentes avezados», aseveró.
Alcances del Decreto Supremo
El dispositivo legal establece lineamientos de estricto cumplimiento en los tres niveles de gobierno. En ese sentido, la norma determina que las fases operativas y los mecanismos de coordinación intersectorial son de aplicación obligatoria para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec).
Asimismo, el decreto otorga al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, un plazo máximo de diez días hábiles para estructurar e implementar los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan, los cuales deberán ser oficializados mediante una resolución ministerial.
Finalmente, en el aspecto económico, se precisa que la ejecución de estas medidas no demandará recursos adicionales al tesoro público. Todo el financiamiento se sostendrá con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, en estricto cumplimiento de lo que dispone la ley anual de presupuesto.
