Gobierno de Keiko Fujimori inicia reorganización del Estado: Midagri es el primer ministerio en ser reformado

Midagri es el primer sector que será reformado por el gobierno de Keiko Fujimori. | Fuente: Composición: RPP

La medida busca corregir deficiencias en la gestión del sector agrario y anticipa la reforma de la estructura del Poder Ejecutivo que el Gobierno planea impulsar mediante un pedido de facultades legislativas al Congreso.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori dio el primer paso de su anunciada reforma del aparato estatal al declarar en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), convirtiéndose en el primer ministerio que será sometido a una evaluación integral de su estructura y funcionamiento durante la actual gestión.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, que establece un proceso de reorganización de 120 días calendario para evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector, así como proponer las reformas necesarias para mejorar su desempeño.

¿Por qué se reorganiza el Midagri?

Según el decreto supremo, el Ejecutivo identificó limitaciones y debilidades significativas en la estructura organizacional del ministerio y en el ejercicio de su función rectora sobre la política agraria nacional.

La decisión se sustenta en la evaluación de los instrumentos de gestión institucional, reportes sobre el cumplimiento de la Política Nacional Agraria y en recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio sobre las políticas para el futuro del sector agrícola y alimentario del Perú.

El Gobierno considera que estas observaciones hacen necesaria una revisión profunda del funcionamiento del ministerio para fortalecer su capacidad de conducción en materias como agricultura, ganadería, riego, infraestructura agraria, recursos hídricos, sanidad agropecuaria y desarrollo rural.

Diagnóstico y plan de reforma

Durante los próximos cuatro meses, la Oficina de Modernización del Midagri elaborará un diagnóstico institucional que evaluará aspectos administrativos, organizacionales, presupuestales, de planeamiento estratégico, inversión pública e integridad.

El informe incluirá propuestas de reforma y será presentado al despacho ministerial, previo visto bueno de los viceministerios y de la Secretaría General.

Además, todas las dependencias, programas especiales y organismos adscritos al ministerio deberán brindar la información y asistencia técnica necesaria para el desarrollo del proceso.

Sin mayor costo para el Estado

El decreto precisa que la reorganización será financiada con el presupuesto institucional del Midagri y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

Con esta decisión, el Gobierno pone en marcha la primera intervención institucional de su gestión y marca la pauta de lo que podría convertirse en una reforma más amplia del aparato estatal, siempre que el Congreso apruebe el pedido de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo.

La antesala de una reforma del Estado

La decisión no solo apunta al sector agrario. La reorganización del Midagri se produce mientras el Ejecutivo termina de elaborar el proyecto de delegación de facultades legislativas que solicitará al Congreso y que actualmente viene siendo revisado por los ministerios antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.

De acuerdo con el borrador del proyecto, el Gobierno busca obtener autorización para reorganizar la estructura del Poder Ejecutivo, lo que incluiría la creación, reestructuración, reorganización, fusión, división y eventual disolución de organismos públicos y otras entidades estatales.

Asimismo, las facultades permitirían al Ejecutivo disponer la transferencia o reasignación de competencias, funciones, personal, recursos, bienes, programas y proyectos entre entidades públicas, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del Estado y mejorar la articulación entre los distintos organismos.

El documento también establece que cualquier reforma deberá garantizar la continuidad de los servicios públicos durante el proceso de reorganización.

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