Gobierno declaró en emergencia cinco penales de alta peligrosidad a nivel nacional: medida alcanza el perímetro exterior

El Ejecutivo declaró en emergencia 5 penales a nivel nacional | Fuente: Presidencia Perú

A través de un Decreto Supremo, el Gobierno declaró en emergencia cinco penales «por perturbación de la paz y el orden interno». Durante el lapso que rige la medida, la PNP «mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas«.

El Ejecutivo declaró en emergencia cinco penales «de alta peligrosidad a nivel nacional» por un lapso de 60 días. La medida fue oficializada este sábado, a través de un Decreto Supremo, publicado en el diario oficial El Peruano. 

Los penales declarados en emergencia son: Trujillo Varones, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Challapalca, los cuales «concentran aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) de los internos vinculados a organizaciones criminales», por lo que «requieren atención estatal prioritaria y el reforzamiento de las medidas de seguridad, vigilancia y control».

Además, la medida abarca «el perímetro exterior circundante al establecimiento penitenciario, hasta un radio de doscientos metros desde sus límites exteriores».

De este modo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se encarga de desplegar «operativos permanentes» para «garantizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios» en emergencia «y la protección de sus perímetros y áreas de intangibilidad, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)».

Vale indicar que, en la víspera, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano en Palacio de Gobierno.

Según información oficial, la reunión tuvo como objetivo coordinar las acciones inmediatas que desarrollará el Gobierno para fortalecer el sistema penitenciario y establecer las directrices bajo la nueva gestión en el INPE, como la declaratoria de emergencia oficializada hoy.

¿Cuáles son los motivos que fundamentan la declaratoria de emergencia?

El decreto supremo señala que la medida consideró un informe técnico de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, el cual dio cuenta del estado situacional del Sistema Nacional Penitenciario.

Dicha situación, según se indica, evidenciaba «la necesidad de una intervención focalizada y priorizada en materia de seguridad, señalando que el sistema penitenciario nacional registra una sobrepoblación del ciento cincuenta y seis por ciento (156 %), un déficit de personal de seguridad penitenciaria equivalente a una ratio aproximada de cuarenta y cinco (45) internos por cada agente y la reiteración de hallazgos de teléfonos celulares, armas y antenas clandestinas pese a las requisas ejecutadas».

De este modo, el informe concluyó «que los establecimientos penitenciarios de Trujillo Varones, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Challapalca concentran aproximadamente el cincuenta por ciento (50 %) de los internos vinculados a organizaciones criminales, presentan un escenario de alta peligrosidad y requieren atención estatal prioritaria y el reforzamiento de las medidas de seguridad, vigilancia y control».

¿Qué operativos conjuntos desplegará la PNP con apoyo de las FF.AA.?

Durante los 60 días de la declaratoria de emergencia, la PNP, con apoyo de las FF.AA., desplegarán los siguientes operativos conjuntos en los 5 penales en los que rige la medida:

  1. Protección, seguridad y control de las áreas de tangibilidad y del perímetro exterior circundante al establecimiento penitenciario, hasta un radio de doscientos metros desde sus límites exteriores, incluyendo, de ser el caso, la protección de su espacio aéreo y espectro electromagnético inmediato.
  2. El control de acceso de todas las personas a los establecimientos penitenciarios.
  3. Operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas, y demás artículos prohibidos, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
  4. Acciones de inteligencia, a fin de prevenir fugas, alteración del orden y actividades delictivas en los establecimientos penitenciarios.

El decreto señala que la actuación conjunta de ambas entidades «se rige por los Principios de Legalidad, Unidad de Acción, Necesidad, Proporcionalidad y respeto a los Derechos Fundamentales, de conformidad con los Decretos Legislativos N° 1186 y N° 1095, debiéndose coordinar protocolos comunes para el control de acceso e ingreso al perímetro de seguridad».

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